“ENCERRADOS SIN CONDENA: EL OTRO ROSTRO DEL SISTEMA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”

Estado de México, a 11 de agosto de 2025.

“ENCERRADOS SIN CONDENA: EL OTRO ROSTRO DEL SISTEMA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”.

Por Rafael Cruz Guzmán/

En un país donde la justicia se arrastra entre expedientes olvidados y audiencias suspendidas, el Estado de México se ha convertido en un símbolo brutal del encierro sin juicio.

A agosto de 2025, más de 13 mil personas siguen presas sin sentencia en cárceles mexiquenses, muchas de ellas desde hace años, atrapadas en una celda jurídica que no ofrece fecha de salida ni certeza sobre su futuro.

La prisión preventiva oficiosa, ese recurso que en teoría busca proteger a la sociedad, se ha convertido en el camino más corto para deshacerse del debido proceso. En el Edomex, el 100 % de las personas privadas de su libertad sin sentencia fueron enviadas allí bajo esa figura automática, sin audiencia de control de riesgos, sin defensa real, sin evidencia firme.

La justicia no solo llega tarde, sino que a veces nunca llega.

Los pasillos de los juzgados están llenos de carpetas apiladas, defensores públicos rebasados y audiencias diferidas por meses, incluso años. Todo mientras hombres y mujeres permanecen tras las rejas, esperando no una sentencia, sino una oportunidad de ser escuchados. Un juicio. Una voz.

No se trata de casos aislados. Se trata de un modelo penal viciado, donde la prisión sin condena es la norma, no la excepción. Una maquinaria legal que castiga la pobreza, la ignorancia jurídica y la falta de recursos, convirtiendo la presunción de inocencia en un concepto decorativo.

Mientras tanto, el sistema presume cifras de seguridad maquilladas por la prisión masiva. Pero la seguridad sin justicia es solo una simulación, y cada reo sin sentencia es una herida abierta en el Estado de Derecho.

Y ahora que la Suprema Corte ha retomado el debate sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa —una discusión congelada durante más de una década—, el Estado de México debe mirar su realidad con crudeza. No se trata de liberar delincuentes, sino de evitar condenar inocentes sin juicio.

Porque justicia que se aplaza, se corrompe.

Porque libertad sin sentencia, es tortura legal.

Porque una sociedad que calla ante esto, también es cómplice del encierro sin culpa.