FABRICAR DELITOS UNA DEUDA PENDIENTE CON LA JUSTICIA EN EL ESTADO DE MÉXICO

Toluca, México, a 09 de septiembre de 2025.

FABRICAR DELITOS UNA DEUDA PENDIENTE CON LA JUSTICIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

El diputado local Octavio Martínez Vargas anunció ayer lunes que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México con el objetivo de tipificar un nuevo delito: la fabricación de delitos. La propuesta busca dar un giro histórico al sistema de justicia mexiquense, donde actualmente, según cifras oficiales y de organizaciones civiles, más de 15 mil personas inocentes permanecen privadas de su libertad en las 22 prisiones estatales.

La reforma plantea sancionar no solo a quienes manipulan pruebas o elaboran expedientes falsos, sino también a quienes instruyen o autorizan la fabricación de delitos. Con ello, se intenta atacar una de las prácticas más señaladas en la entidad: la criminalización de personas sin pruebas sólidas, muchas veces como resultado de corrupción policial, venganzas personales o cuotas de detenciones impuestas a ministerios públicos.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL 

El Estado de México concentra la mayor población penitenciaria del país, con más de 33 mil personas privadas de su libertad, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal. Diversos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado que un alto porcentaje de las detenciones presentan irregularidades en su debido proceso: detenciones arbitrarias, falta de pruebas científicas, confesiones obtenidas bajo tortura o testigos fabricados.

La cifra de 15 mil personas inocentes señalada en  reiteradas ocasiones  por el legislador representa casi la mitad de la población penitenciaria mexiquense, lo que exhibe una crisis de justicia. Colectivos como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos han denunciado durante años que el sistema penal en la entidad se ha convertido en un mecanismo de castigo ejemplar sin pruebas suficientes, donde las víctimas son en su mayoría jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

La iniciativa de Martínez Vargas busca que los responsables de estas prácticas —agentes ministeriales, policías investigadores e incluso jueces— puedan ser procesados penalmente por fabricar delitos. La tipificación de esta conducta, hasta ahora ausente en el marco jurídico, pretende desincentivar una práctica arraigada en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

“Ahora quienes estarán en prisión son precisamente quienes fabrican o instruyen fabricar delitos”, enfatizó el diputado, señalando que esta reforma pretende devolver la confianza en las instituciones y frenar una práctica que genera víctimas directas y profundiza la crisis penitenciaria del Estado de México.

Hace apenas unos días, el legislador subrayó que “el reto del nuevo Poder Judicial del Estado de México es que no estén en prisión ninguna persona inocente y que exista una justicia real al alcance de las y los ciudadanos de nuestro estado”, un pronunciamiento que cobra fuerza ante la inminente discusión de su propuesta.

PROBLEMA DE FONDO 

Expertos en derecho penal señalan que, además de tipificar la fabricación de delitos, es indispensable garantizar mecanismos efectivos de investigación interna y supervisión judicial, así como fortalecer la independencia del Poder Judicial. De lo contrario, la figura podría convertirse en letra muerta o aplicarse de manera discrecional.

La propuesta llega en un contexto de creciente desconfianza ciudadana. Encuestas del INEGI revelan que el 70% de los mexiquenses desconfía de la policía estatal y ministerial, mientras que el 63% considera que el sistema judicial es corrupto.

De aprobarse, el Estado de México sería pionero en legislar un tipo penal específico contra la fabricación de delitos, lo que abriría un debate nacional sobre la necesidad de replicar esta figura en otras entidades.

CON IMÁGENES DE ARCHIVO 

Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en su primera movilización en la ciudad de Toluca en Octubre de 2023, en la reciente administración de Delfina Gómez, para visibilizar su demanda de amnistía a los falsos culpables.